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El encarecimiento de las plazas por la alta demanda de los inversores provoca un retroceso de la rentabilidad bruta anual, que se sitúa en el 6,5%.

La inversión en plazas de garaje, una de las más agradecidas del mercado del ladrillo por su escasa complejidad, sigue llenando los bolsillos de los ahorradores, aunque algo menos. La rentabilidad bruta anual que se obtiene por comprar una plaza para ponerla en alquiler ha pasado del 7,1% de 2023 al 6,5% en 2024. Se coloca así en niveles de 2016 y se iguala a la presentada por la vivienda (6,4%), según Fotocasa.

Detrás de este retroceso del rendimiento, que tiende a ajustarse de forma moderada, está la fuerte demanda e interés por este activo, un movimiento que ha provocado un encarecimiento importante de los aparcamientos. El precio de los garajes en España subió un 10,2% en 2024 y se colocó en 13.770 euros de media, frente al alza del 7,5% en 2023. En siete de cada diez ciudades españolas el precio subió, sobre todo en Guadalajara (37%), León (32%) y Almería (30%). El encarecimiento está por encima incluso del experimentado por la vivienda, que se disparó un 8,4% en 2024, su mayor alza desde 2007, según el INE.

ERROR DE PRINCIPIANTE

Aun así, no conviene dejar al azar la elección. En Solvia identifican los factores que pueden afectar negativamente a la rentabilidad, como la evolución de la demanda, cambios normativos o un mal análisis inicial de ubicación. ‘El principal error es pagar por encima del precio de mercado o comprar porque el precio sea muy económico sin tener en cuenta las medidas de la plaza o la dificultad para aparcar. Tener unos gastos de comunidad elevados es otro error que algunos principiantes no suelen tener en cuenta’.

También hay que valorar los gastos asociados, como impuestos y comunidad. Y conocer en profundidad las regulaciones locales y restricciones que puedan afectar al alquiler, ya que algunas áreas tienen limitaciones sobre quién puede usar o comprar estos espacios, y hay comunidades de vecinos que no permiten el alquiler a terceros no residentes.

Fuente: El País